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ES Gobierno somete al Congreso Nacional proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2023
Contempla la ejecución de una cartera de proyectos de alta rentabilidad social, el robustecimiento de la red de protección social, y la asignación de recursos para atender demandas históricas en áreas prioritarias como seguridad ciudadana y salud. Santo Domingo. – El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, sometió este miércoles al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el 2023, en el que plantea gastos para la Administración Central por la suma de RD$1,247,578.1 millones. El documento, depositado por el viceministro de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones, José Rijo Presbot, estima que los ingresos totales del gobierno central asciendan el próximo año a RD$1,040,005.5 millones, equivalentes a un 15.1 % del producto interno bruto (PIB) estimado para el 2023. La pieza sometida a consideración contiene grandes esfuerzos en la generación de espacios presupuestarios para apoyar el fortalecimiento del tejido productivo, amortiguar el alza en los productos de consumo masivo, y atender las demandas sociales que cimentan el plan de gobierno. El Gobierno continúa demostrando su compromiso de crear las condiciones conducentes a la estabilidad macroeconómica al consignar en este Anteproyecto RD$155,175.0 millones al gasto de capital. En este sentido, el Gobierno dará continuación a las construcciones del monorriel y el teleférico de Santiago (RD$19,594 millones), y en Santo Domingo, la ampliación y extensión de la línea uno y dos del Metro y del funicular hacia Los Alcarrizos (RD$11,551.6 millones). De igual forma, establece una partida para el mejoramiento del puerto de Manzanillo (RD$2,804 millones), la continuación de la construcción de la verja en la frontera domínico-haitiana (RD$2,550 millones), la presa de Monte Grande (RD$2,402), mejoramiento de 100,000 viviendas, ampliación del sistema 9-1-1, entre otras obras. “Se contempla una expansión en los programas de protección social. Se destinarán RD$43,117 millones para los programas Aliméntate, Bono Gas, Bono Familiar y Bono Luz”, destaca la pieza. En materia de salud pública, se prevé la asignación de RD$7,315 millones para la expansión del Programa de Acceso a Medicamentos de Alto Costo, y el incremento de la cápita del régimen subsidiado, así como los planes especiales de los pensionados y jubilados por un monto ascendente a RD$2,195 millones. Para seguridad ciudadana, el presupuesto estipula la inyección de RD$4,000 millones a ser destinados exclusivamente para los programas y acciones de la reforma a la Policía Nacional y la asignación de otros RD$5,019 millones para nivelar y dignificar el salario de los agentes de esa institución y de los cuerpos castrenses. Asimismo, reflejando la continuación del fortalecimiento de las capacidades del Estado en la lucha contra la corrupción, se incluyen incrementos a las asignaciones de la Procuraduría General de la República de RD$9,019.7 millones, representando un incremento respecto al monto presupuestado para 2022 de RD$620.4 millones. En general, el proyecto plantea un déficit fiscal para la Administración Central de RD$207,572.6 millones, un 3.0 % del PIB, lo que representa una reducción significativa respecto al 3.6 % previsto para el cierre del 2022, alineándose a un proceso de consolidación fiscal orientado en mantener una trayectoria de endeudamiento sostenible. Para 2023, las aplicaciones financieras ascenderán a RD$155,685.24 millones, de los cuales el 83.1 % o RD$129,401.2 millones corresponden al pago de amortizaciones de la deuda pública, y RD$7,242.0 millones asignados para compras de acciones y capitalizaciones en diversos organismos multilaterales e instituciones. “Este proyecto de Ley reafirma el compromiso del Gobierno con la generación de resultados fiscales que permitirán mantener el equilibrio en las finanzas públicas, para poder garantizar la asignación de recursos públicos en áreas prioritarias que permitan mejorar la calidad de vida de la población” dijo el ministro de Hacienda sobre el documento. 28 de septiembre de 2022
Government eliminates old practice: closes 2021 without new accounts payable for the first time in 16 years
Rijo Presbot destaca cumplimiento de la Ley y artículo sobre certificación de apropiación de presupuesto El presidente Luis Abinader informó que de los más de 72,747 millones de pesos que encontró como deuda administrativa por concepto de “cuentas por pagar” al inicio de su gestión, el país cerró el 2021 con una importante reducción, hasta situarse en apenas 18,850 millones de pesos, con un descenso de 53,800 millones. El mandatario destacó además que, el crecimiento económico experimentado por el país, a pesar de la crisis ocasionada por la pandemia, ha sido muy superior al esperado de acuerdo con las previsiones para el año 2021, situándose por encima del 12% en términos reales. En el acto, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, informó que gracias al esfuerzo conjunto de toda la administración se ha logrado que, durante el año 2021, no se genere esa deuda administrativa tan perversa de años anteriores. “Ningún funcionario, durante el año 2021 contrató, ejecutó, devengó gasto que no tuviera la debida protección de presupuesto. Esto tiene un significado importante porque como no había consecuencia de la ley, la ley era clara, nadie puede ejecutar un gasto si no tiene certificación de apropiación y pusimos un artículo que quien lo hiciera, iba a pagarlo con su patrimonio”, expresó Presbot. Rijo aseguró que, de enero al 14 de agosto de 2020, se pagaron 62 mil millones de pesos de deuda administrativa del año anterior que fue ejecutada sin el debido proceso y que más del 50% fue pagado sin pasar por el control interno de la Contraloría y todo el sistema presupuestario y de contabilidad gubernamental. “Este año estamos cumpliendo y lo que se ha pagado son deudas viejas que se ha venido arrastrando y saneando para que no se den esos acuerdos transaccionales y para que los recursos puedan rendir más”, enfatizó el director de Presupuesto. En ese mismo orden, el presidente Abinader resaltó que desde su llegada al Palacio Nacional ha puesto toda su atención en corregir el dispendio generalizado y el uso ineficiente de los recursos de los contribuyentes y en garantizar el cumplimiento de la Ley de Presupuesto General del Estado. Precisó que la Ley de Presupuesto Anual de los años 2021 y 2022 contempla la prohibición del reconocimiento de deudas administrativas sin contar previamente con los recursos asignados en la Ley de Presupuesto General del Estado como se hacía en el pasado. “Hasta el año 2020 era habitual que los funcionarios públicos responsables de determinadas instituciones del Estado realizaran pagos o suscribieran acuerdos transaccionales para el reconocimiento de deudas administrativas, obviando de forma sistemática todos los procedimientos”, indicó. El jefe de Estado aseguró que con estas acciones buscan corregir el dispendio generalizado y el uso ineficiente de los recursos de los contribuyentes a través del apartado de “cuentas por pagar” y como una forma de proteger las contribuciones de los ciudadanos a las arcas públicas. Recursos disponibles Rijo Presbot dijo que este año, contrario a la demanda permanente que tenían las instituciones, que no podían disponer de recursos en los primeros meses del año y en base al esfuerzo de programación y formulación del presupuesto, “con la programación de la cuota del primer trimestre a partir del 10 de enero todas las instituciones dispondrán de los recursos en cada uno de los objetos del gasto para que no se detenga y para que se agilice todo el funcionamiento institucional”. En la rueda de prensa, realizada en el Palacio Nacional, también acompañaron al presidente Abinader, Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia; Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo y Miguel Ceara Hatton, ministro de Economía Planificación y Desarrollo.
